Los préstamos entre sociedades, los servicios centrales de un grupo o el alquiler de un inmueble a un socio pueden exigir una revisión de operaciones vinculadas. Su importancia no depende únicamente del importe: también influyen la relación entre las partes, las condiciones pactadas y la documentación disponible.
Para la dirección de un grupo empresarial, el reto consiste en mantener una política coherente entre sociedades y poder explicar cómo se fijan los precios. Aplicar el mismo criterio cada año sin revisar los hechos puede dejar fuera cambios relevantes del negocio.
Qué se considera una operación vinculada
La vinculación se determina conforme a los supuestos del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Puede existir entre entidades del mismo grupo y en determinadas relaciones con socios, administradores o familiares, según los requisitos legales. No toda relación comercial habitual constituye vinculación.
Una primera revisión debe identificar las partes y su relación durante el periodo analizado. Después se clasifican las operaciones: financiación, servicios, compraventas, arrendamientos, cesión de intangibles u otras transacciones.
La valoración y el contrato deben reflejar la operación real
La norma exige valorar estas operaciones a mercado. Para justificar el criterio no basta con afirmar que el precio es razonable: conviene analizar las funciones de cada parte, los activos utilizados, los riesgos asumidos y las condiciones económicas relevantes.
El contrato es una pieza del expediente, pero debe ser coherente con lo que sucede en la práctica. En un préstamo, por ejemplo, deberían revisarse el importe, el plazo, las garantías, el interés y su ejecución efectiva. En un servicio compartido, interesa acreditar qué se presta, quién se beneficia y cómo se asigna su coste.
Qué documentación conviene preparar
- Mapa de sociedades y personas vinculadas, con los cambios producidos durante el ejercicio.
- Inventario de operaciones y conciliación de importes entre las partes.
- Contratos, facturas y evidencias de los servicios o bienes entregados.
- Explicación del método de valoración y de la información utilizada.
- Análisis del alcance de la documentación fiscal exigible y de sus posibles simplificaciones o excepciones.
Esta lista es una propuesta de organización interna. La documentación legalmente exigida debe determinarse atendiendo a las características del contribuyente y de las operaciones.
Modelo 232: una comprobación distinta de la documentación
El modelo 232 es una declaración informativa. La obligación de presentarlo y la obligación de documentar operaciones vinculadas deben examinarse por separado. No presentar el modelo por concurrir una exclusión no elimina, por sí solo, el análisis de las demás obligaciones.
La AEAT establece criterios que atienden, entre otros factores, al volumen con una misma parte, a determinadas operaciones específicas y a la relación de ciertas operaciones con la cifra de negocios. También existen exclusiones. Es necesario comprobar el conjunto de reglas, el periodo y las instrucciones vigentes, en lugar de utilizar un único umbral como respuesta universal.
Un ejemplo: servicios centrales a varias sociedades
Si una entidad presta apoyo administrativo a otras sociedades del grupo, conviene identificar el servicio y sus destinatarias antes de distribuir el coste. El expediente debería explicar la utilidad para cada entidad y por qué el criterio de reparto elegido resulta adecuado.
Repartir todos los costes por igual puede ser difícil de justificar cuando las necesidades son diferentes. Tampoco debe confundirse una transferencia de tesorería con el pago de un servicio efectivamente prestado.
Errores que conviene detectar antes del cierre
Entre las incidencias organizativas que merecen atención están los saldos que no coinciden entre sociedades, contratos desactualizados, préstamos sin seguimiento y facturas intragrupo con conceptos imprecisos. Una revisión previa permite localizar estas diferencias y decidir qué información falta.
¿Afecta solo a grupos internacionales? No. También puede afectar a operaciones entre partes residentes en España.
¿Un contrato firmado resuelve toda la obligación? No: deben revisarse la valoración, la ejecución, la documentación exigible y la información a declarar.
Adeltra coordina el análisis fiscal con el asesoramiento mercantil y jurídico. Solicite una revisión de sus operaciones vinculadas.
Fuentes: artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades e instrucciones del modelo 232 de la AEAT. Revisión editorial: octubre de 2026.